VENEZUELA, POTENCIA MARITIMA DEL CARIBE (1)
En los primeros discursos del Presidente Electo, se evidencia su visión sobre la concepción geopolítica que enmarca a Venezuela en una serie de fachadas: Andina, Amazónica, Ribereña, Atlántica y caribeña; estas tres últimas corresponden a zonas Marítimas y Fluviales, las mismas le otorgan a Venezuela una envidiable ventaja en el concierto de naciones vecinas que nos permitiría convertirnos en una POTENCIA MARITIMA predominante, aunado a los inmensurables recursos naturales renovables y no renovables con los que Dios dotó a estas “Tierras de Gracia”, como bien las definió Cristóbal Colón.
Mucho se ha escrito sobre el Poder Naval y el Poder Marítimo; en cuanto a la diferencia entre los dos (2) términos, sin entrar en un estudio sobre el concepto real de cada término pudiéramos decir que el poder Naval, basado en la Armada de cada País y su capacidad de ejecutar acciones bélicas en la mar, existe o se justifica para garantizarle a un estado la explotación de los recursos económicos de su Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva y el Control del Tráfico Marítimo que garantice una efectiva vía de comunicación o rutas marítimas con el fin de asegurar el intercambio comercial con otros Estados, si dicho Estado consolida una Marina Mercante acorde con la capacidad de producción y capacidad de embarque del País, entonces, estaríamos hablando de un PODER MARITIMO propio de un País desarrollado, costero, con una producción petrolera, industrial, agrícola y minera o por lo menos de un País en vías de consolidar su total desarrollo.
Dicho de otra forma, esa consolidación como Potencia Marítima solo será posible si se ejecutan planes que coadyuven al desarrollo armónico de los componentes del poder marítimo, es decir: Investigación científica en la mar y desarrollo de la Marina Mercante, desarrollo de la Navegación de Cabotaje, Flota de pesca, vías de comunicación interna y su mantenimiento, terminales marítimos, industria naval, (construcciones y reparaciones navales), aduanas, control efectivo del tráfico marítimo, capacidad de respuestas para actividades de búsqueda y salvamento marítimo, y una adecuada infraestructura de señalización marítima.
Esa consolidación descansa, al menos, sobre cuatro (4) pilares fundamentales: 1) Voluntad Política al más alto nivel. 2) Consenso sobre la necesidad de crear una “Vocación Marítima Nacional”. 3) Seguridad Jurídica o Marco Jurídico Apropiado y 4) Posibilidad de inversiones en el sub-sector.
La voluntad política permitiría incluir dentro del proceso de la toma de decisiones de la Alta Dirigencia Nacional, una relación armónica entre los requerimientos de seguridad y defensa y las metas y políticas de desarrollo del País, lo anterior y el consenso de la comunidad para encontrar la “Vocación Marítima” hasta ahora solapada y no tangible, son indispensables para dar los primeros pasos para lograr un marco de seguridad jurídica apropiado que logre incentivar al empresariado y a los entes financieros Nacionales e Internacionales, a que inviertan su dinero y su capacidad gerencial en el sub-sector, que de lograrse tan ansiado desarrollo, se hace evidente la gran cantidad de puestos de trabajo directo e indirectos que se originarían, además del obvio aporte al P.I.B.
Las claras ventajas de Venezuela en cuanto a su posición geográfica en el Caribe, especie de encrucijada a los nodos claves en las vías marítimas intercontinentales que unen al Pacífico con el Atlántico, a Norte y Sur América, Europa y Africa, su excelente mapa lacustre y fluvial lo que junto a los tratados en el marco de la Comunidad Marítima internacional, forman lo que algunos expertos han denominado el “ambiente externo de la política exterior Venezolana”, sumado este al “Interés Marítimo Interno”, convierten al País, a decir de la Dra. Elsa Cardozo, experta en la materia, en una “Potencia Media en el Caribe".
La inclusión del desarrollo del Poder Marítimo dentro del Plan de la Nación, La Concepción Estratégica Nacional, y la Concepción Estratégica Naval, una abierta y clara definición del espacio marítimo en las Leyes y Planes de Ordenamiento Territorial, una clara elaboración de la “Concepción Estratégica Nacional” que enlace armónicamente la formulación de las políticas de desarrollo Nacional con las políticas de seguridad y defensa que incluyan al sector marítimo, , la posibilidad de creación dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, de una Comisión de Asuntos Marítimos, y la creación de una comisión Intersectorial asesora del Ejecutivo Nacional sobre la materia, son, entre otras cosas, factores fundamentales para el logro del Poder Marítimo que aspiramos todos los venezolanos.
Dos de los actores primordiales, responsables directos y factores vitales en el desarrollo del sector, la Armada Nacional y la Marina Mercante, se han venido distanciando a partir de la década de los 50´, esa brecha fratricida ha dejado huellas negativas que solo con el consenso de las máximas autoridades nacionales y por supuesto, de ambos sectores, será posible una “reconciliación” y de esta manera dar por terminado a la ancestral disputa que se centra mas en el control de cargos burocráticos que en planes concretos y definidos.
La queja más común argumentada por el gremio de Marinos Mercantes es la presencia de Oficiales de la Armada en los cuerpos directivos de la Dirección General de Transporte Acuático (DGSTA), Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), PDV-Marina, Diques y Astilleros Nacionales(DIANCA), Dirección de Pesca, la antigua Venezolana de Navegación (CAVN), y en algunas Capitanías de Puerto.
En honor a la verdad, valdría la pena analizar que ciertamente la eficiencia y utilidad de todos los entes nombrados el párrafo anterior no ha sido de lo más exitosa, pero por otra parte no es menos cierto que la falta de políticas adecuadas, consenso entre los dos gremios, definición de atribuciones, espíritu de colaboración y olvido absoluto de que ambas instituciones nacieron de una misma matriz en los albores de la creación de la propia República, fueron factores de gran influencia en el bajo rendimiento que estadísticamente refleja el sub-sector, a lo largo de los últimos años.
En honor a esa misma verdad, la Armada lleva la mayor responsabilidad en el proceso de distanciamiento, puesto que históricamente y hasta el año 1.950, fue la rectora de la Actividad Marítima Nacional y que en ninguna oportunidad sus atribuciones previstas en la Constitución Nacional y en Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fueron derogadas o traspasadas a ningún otro sector, a excepción a lo referente al ejercicio de la “MAXIMA AUTORIDAD MARITIMA”, la cual atañe a partir de 1.950, al Ministro de Transporte y comunicaciones, el cual la delega en el DGSTA, cargo que hasta la fecha ha sido ocupado por un Oficial Almirante de la Armada.
Si ambas Instituciones, con una clara intención de integrar esfuerzos, efectuaran un inventario de sus potencialidades y debilidades en materia organizacional, educativa, infraestructura física, potencial humano, y medios disponibles, seguramente se darían cuenta de que, tienen en sus manos un alto porcentaje de lograr el objetivo común, y sin duda alguna iniciarían un proceso, que además de ser un deber histórico, es una exigencia del nuevo País que queremos construir.
Atendiendo al llamado de “reconstrucción del País” formulado por el Presidente Electo, ambas Instituciones deberán echar a un lado viejos rencores y posiciones particulares y aunar esfuerzo por encontrar la vía de consenso, y pareciera lógico que la Armada Nacional tenga que dar el primer paso en esta dirección.
Mucho se ha escrito sobre el Poder Naval y el Poder Marítimo; en cuanto a la diferencia entre los dos (2) términos, sin entrar en un estudio sobre el concepto real de cada término pudiéramos decir que el poder Naval, basado en la Armada de cada País y su capacidad de ejecutar acciones bélicas en la mar, existe o se justifica para garantizarle a un estado la explotación de los recursos económicos de su Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva y el Control del Tráfico Marítimo que garantice una efectiva vía de comunicación o rutas marítimas con el fin de asegurar el intercambio comercial con otros Estados, si dicho Estado consolida una Marina Mercante acorde con la capacidad de producción y capacidad de embarque del País, entonces, estaríamos hablando de un PODER MARITIMO propio de un País desarrollado, costero, con una producción petrolera, industrial, agrícola y minera o por lo menos de un País en vías de consolidar su total desarrollo.
Dicho de otra forma, esa consolidación como Potencia Marítima solo será posible si se ejecutan planes que coadyuven al desarrollo armónico de los componentes del poder marítimo, es decir: Investigación científica en la mar y desarrollo de la Marina Mercante, desarrollo de la Navegación de Cabotaje, Flota de pesca, vías de comunicación interna y su mantenimiento, terminales marítimos, industria naval, (construcciones y reparaciones navales), aduanas, control efectivo del tráfico marítimo, capacidad de respuestas para actividades de búsqueda y salvamento marítimo, y una adecuada infraestructura de señalización marítima.
Esa consolidación descansa, al menos, sobre cuatro (4) pilares fundamentales: 1) Voluntad Política al más alto nivel. 2) Consenso sobre la necesidad de crear una “Vocación Marítima Nacional”. 3) Seguridad Jurídica o Marco Jurídico Apropiado y 4) Posibilidad de inversiones en el sub-sector.
La voluntad política permitiría incluir dentro del proceso de la toma de decisiones de la Alta Dirigencia Nacional, una relación armónica entre los requerimientos de seguridad y defensa y las metas y políticas de desarrollo del País, lo anterior y el consenso de la comunidad para encontrar la “Vocación Marítima” hasta ahora solapada y no tangible, son indispensables para dar los primeros pasos para lograr un marco de seguridad jurídica apropiado que logre incentivar al empresariado y a los entes financieros Nacionales e Internacionales, a que inviertan su dinero y su capacidad gerencial en el sub-sector, que de lograrse tan ansiado desarrollo, se hace evidente la gran cantidad de puestos de trabajo directo e indirectos que se originarían, además del obvio aporte al P.I.B.
Las claras ventajas de Venezuela en cuanto a su posición geográfica en el Caribe, especie de encrucijada a los nodos claves en las vías marítimas intercontinentales que unen al Pacífico con el Atlántico, a Norte y Sur América, Europa y Africa, su excelente mapa lacustre y fluvial lo que junto a los tratados en el marco de la Comunidad Marítima internacional, forman lo que algunos expertos han denominado el “ambiente externo de la política exterior Venezolana”, sumado este al “Interés Marítimo Interno”, convierten al País, a decir de la Dra. Elsa Cardozo, experta en la materia, en una “Potencia Media en el Caribe".
La inclusión del desarrollo del Poder Marítimo dentro del Plan de la Nación, La Concepción Estratégica Nacional, y la Concepción Estratégica Naval, una abierta y clara definición del espacio marítimo en las Leyes y Planes de Ordenamiento Territorial, una clara elaboración de la “Concepción Estratégica Nacional” que enlace armónicamente la formulación de las políticas de desarrollo Nacional con las políticas de seguridad y defensa que incluyan al sector marítimo, , la posibilidad de creación dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, de una Comisión de Asuntos Marítimos, y la creación de una comisión Intersectorial asesora del Ejecutivo Nacional sobre la materia, son, entre otras cosas, factores fundamentales para el logro del Poder Marítimo que aspiramos todos los venezolanos.
Dos de los actores primordiales, responsables directos y factores vitales en el desarrollo del sector, la Armada Nacional y la Marina Mercante, se han venido distanciando a partir de la década de los 50´, esa brecha fratricida ha dejado huellas negativas que solo con el consenso de las máximas autoridades nacionales y por supuesto, de ambos sectores, será posible una “reconciliación” y de esta manera dar por terminado a la ancestral disputa que se centra mas en el control de cargos burocráticos que en planes concretos y definidos.
La queja más común argumentada por el gremio de Marinos Mercantes es la presencia de Oficiales de la Armada en los cuerpos directivos de la Dirección General de Transporte Acuático (DGSTA), Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), PDV-Marina, Diques y Astilleros Nacionales(DIANCA), Dirección de Pesca, la antigua Venezolana de Navegación (CAVN), y en algunas Capitanías de Puerto.
En honor a la verdad, valdría la pena analizar que ciertamente la eficiencia y utilidad de todos los entes nombrados el párrafo anterior no ha sido de lo más exitosa, pero por otra parte no es menos cierto que la falta de políticas adecuadas, consenso entre los dos gremios, definición de atribuciones, espíritu de colaboración y olvido absoluto de que ambas instituciones nacieron de una misma matriz en los albores de la creación de la propia República, fueron factores de gran influencia en el bajo rendimiento que estadísticamente refleja el sub-sector, a lo largo de los últimos años.
En honor a esa misma verdad, la Armada lleva la mayor responsabilidad en el proceso de distanciamiento, puesto que históricamente y hasta el año 1.950, fue la rectora de la Actividad Marítima Nacional y que en ninguna oportunidad sus atribuciones previstas en la Constitución Nacional y en Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fueron derogadas o traspasadas a ningún otro sector, a excepción a lo referente al ejercicio de la “MAXIMA AUTORIDAD MARITIMA”, la cual atañe a partir de 1.950, al Ministro de Transporte y comunicaciones, el cual la delega en el DGSTA, cargo que hasta la fecha ha sido ocupado por un Oficial Almirante de la Armada.
Si ambas Instituciones, con una clara intención de integrar esfuerzos, efectuaran un inventario de sus potencialidades y debilidades en materia organizacional, educativa, infraestructura física, potencial humano, y medios disponibles, seguramente se darían cuenta de que, tienen en sus manos un alto porcentaje de lograr el objetivo común, y sin duda alguna iniciarían un proceso, que además de ser un deber histórico, es una exigencia del nuevo País que queremos construir.
Atendiendo al llamado de “reconstrucción del País” formulado por el Presidente Electo, ambas Instituciones deberán echar a un lado viejos rencores y posiciones particulares y aunar esfuerzo por encontrar la vía de consenso, y pareciera lógico que la Armada Nacional tenga que dar el primer paso en esta dirección.
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